24 de octubre

 

Procuraduría General de la República

 

 

La Procuraduría General de la República fue creada mediante el Decreto-Ley N° 40, del 2 de junio de 1948, emitido por la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por José Figueres Ferrer. La Procuraduría General nació como una dependencia del Ministerio de Justicia. Se le asignaron funciones de Ministerio Público junto con las de centro superior consultivo y directivo en los asuntos de naturaleza administrativa, civil, criminal y de trabajo en que tuviese algún interés la Administración Pública.

 

Asimismo, se le atribuyó la representación y defensa del Estado ante los Tribunales de Justicia. Como se ve, en ese momento se pretendía una centralización de los servicios jurídicos superiores que el Estado necesita. En 1967, durante la presidencia de José Joaquín Trejos Fernández, se publicó la Ley Orgánica, N° 3848 del 10 de enero, que amplío sus atribuciones y adscribió la institución a la Presidencia de la República.

 

Posteriormente, durante el mandato presidencial de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), se emitió la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente N° 6815, del 27 de setiembre de 1982. Se define en ella, con claridad, la naturaleza jurídica y funciones actuales. Entre sus disposiciones destaca su reubicación en el Ministerio de Justicia, pero como órgano de desconcentración de grado máximo. Su labor como Ministerio Público en materia penal prácticamente desaparece. Las últimas reformas a la Ley Orgánica permitieron la inclusión de la Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo Terrestre en 1994, y otorgar un asidero legal al Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI), en 1997.

 

Finalmente en el año 2002 se reforma mediante Ley 8242  de la Creación de la Procuraduría de la Ética Pública, el inciso g) defender a los servidores del Estado cuando se siga causa penal contra ellos por actos o hechos en que participen en el cumplimiento de sus funciones y el inciso h) realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública, sin perjuicio de las competencias que la ley le otorga a la Contraloría General de la República, así como denunciar y acusar ante los tribunales de justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de este, en las materias competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, es adicionado del artículo 3 sobre las atribuciones.

 

La Procuraduría General de la República (PGR) es un pilar fundamental, para el desarrollo del sistema democrático Costarricense, pues realiza funciones únicas, que no efectúa ninguna otra instancia gubernamental.